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El análisis de las combinaciones de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que expusieron individual y grupalmente los expertos locales arrojó resultados enriquecedores para devolver como aportes de la comunidad científica al gobierno judicial del Estado.

El proyecto denominado “Diagnóstico experto del avance y democratización de los procesos de resolución de conflictos jurídicos en Salta”, fue financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Católica de Salta. Se vinculó institucionalmente al Vice Rectorado de Investigaciones y a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta y fue aprobado por Resolución Rectoral 1735/16.

Fue dirigido por Juan Sebastián Lloret, magíster en Derecho Ambiental e investigador independiente, de la Universidad Católica de Salta.

Los 60 expertos locales que participaron de la consulta son abogados locales seleccionados mediante un mecanismo de autoevaluación, a través de una encuesta con carácter estrictamente reservado, que incluyó una tabla en la que cada abogado se autocalificó, asignándose puntajes en tres ítems: posición institucional, conocimientos adquiridos y relevancia experta.

Selección de expertos

La selección de consultados se apoyó en un biograma del abogado, asentado en un formulario predispuesto que recogió información básica sobre experiencia técnica, producción científica, cargos ocupados, etc.

Dadas las características específicas de la pesquisa, se requirió una tipología mixta, que combinó el requisito de especialidad con el involucramiento de la práctica dentro del sistema. Se resolvio combinar la experticia propia de las ciencias del derecho, que brindan los conocimientos que conforman la incumbencia del título de abogado, con las particularidades del desarrollo profesional que ha adquirido cada uno en el transcurso de su carrera y ejercicio, al operar el sistema o regularlo.

Se convocó un total de 20 personas por cada una de las tres áreas de conflictos jurídicos definidas, lo que hizo un total esperable de 60 profesionales, con la posibilidad de no participación o deserción de los convocados.

En cada nivel se estratificaron tres subniveles, a los que se otorgó, en orden de relevancia, 3, 2 y 1 puntos, que se sumaron para definir el grado de experticia del entrevistado. Para simplificarlo se aplicó la lógica de que el cargo o requisito superior excluye al inferior en la sumatoria de los antecedentes del biograma del experto local convocado.

En el siguiente archivo se podrá acceder al detalle de los criterios utilizados para la selección de los expertos.

Facilitadores externos

En el trabajo de investigación participaron especialmente convocados tres expertos facilitadores que asesoraron de manera externa al equipo investigador, cada uno en un área conflictual específica del sector justicia que se abordó.  Participaron como expertos facilitadores, doctor Martín Böhmer (Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación –(gestión 2015-2019); doctor Héctor Mario Chayer (Coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), y doctor Gonzalo Segundo Rúa (Juez Penal y experto en reformas a los sistemas procesales penales y Capacitador del C.E.J.A./O.E.A.).

Categorización de conflictos

Una forma típica de encarar la categorización de la conflictividad social para estudiar sus remedios judiciales, resulta en dividirla en civiles (o no penales) y penales.

Para alcanzar una mayor relevancia y especificidad jurídica y mejores indicadores respecto al acceso a la justicia, además de una indagación más provechosa de las percepciones de los expertos locales, el equipo investigador juzgó propicio caracterizar en tres porciones de la realidad los conflictos a abordar: conflictos de derecho penal, de derecho privado y de derecho o interés público.

Sin esa tercera categoría, el enfoque del estudio hubiera perdido mucho de la visión del aporte judicial al desarrollo social, que se invisibiliza entremezclado con las cuestiones comerciales o administrativas.

En el siguiente archivo se puede acceder a las nociones conceptuales que comprenden cada uno de los sectores de conflicto en que se dividió la consulta.

Marco de referencia

La primera etapa, de construcción del marco de referencia, consistió en la revisión de trabajos de instituciones centrales de consulta en la materia, en la región, en el país y en la provincia.

Así, se revisaron trabajos del Centro de Estudios de Justicia para las Américas de la OEA, (Cejaméricas), del proyecto “Política de Estado: Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y los planes estratégicos de la Corte de Justicia de Salta.

Con estas fuentes se elaboró una matriz de trabajo mediante una tarea de identificación de las principales condiciones y prospectivas del sistema judicial.

Esa matriz se organizó con el método de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO, generalmente conocido como FODA), que permitió un examen estático de la situación del servicio público, lo que posibilitó determinar los factores institucionales esenciales y su capacidad para hacer frente a los retos sociales.

Diagnostico estratégico

La segunda etapa consistió en encuestar a los abogados expertos para elaborar un diagnóstico estratégico con la técnica Delphi, combinación metodológica que encuentra aval en la doctrina científica para casos de campos de estudio similares. La comunicación en el método Delphi se construye en el anonimato, lo que impide la posibilidad de que un miembro del grupo se vea influido por la reputación de otro o por el peso de oponerse a la mayoría.

En la instancia de reuniones presenciales de los conjuntos de encuestados se utilizó una dinámica semejable al focus group.

Variables

A partir de la indagación y clasificación de fuentes y la aplicación del ejercicio FODA, se definieron las siguientes variables a estudiar:

I)Factores sociales, institucionales y funcionales (Debilidades);

II)Variables de tipos de barreras al acceso democrático a justicia existentes (Amenazas);

III)Instituciones jurídicas democratizadoras instrumentadas (Fortalezas) y a instrumentar (Oportunidades) en el sistema de administración de justicia de la provincia.

De estas variables seleccionadas por los investigadores se desagregaron cuestiones o tópicos asociados y se formuló el cuestionario. Luego se validó previamente en un pretest con los tres expertos externos de apoyo, cada uno en su respectiva área de incumbencia.

Cuestionario

Para elaborar los cuestionarios que respondieron los expertos se acudió a una abundante selección de bibliografía especializada y documentos nacionales e internacionales que abordan la temática.

Una vez seleccionado, el material fue sometido al análisis documental, basado en las tres grandes áreas de la conflictividad establecidas y en categorías de tópicos de:

- Acceso a la Justicia

-Democratización Judicial

 -Gobierno y Gestión Judicial

-Reformas judiciales.

Con la literatura de base consultada se definieron varias categorías que reflejan las áreas que deben abordarse para la modernización, mejora y democratización del campo de la administración de justicia sobre los cuales se exploró la percepción de los expertos a modo de un primer análisis.

Todas las preguntas fueron del tipo cerrado, sin dar lugar a la redacción de opiniones.

La estructura de los enunciados del cuestionario anónimo se desarrolló combinándolos con un modelo de escalas actitudinales, en los cuales se plantearon afirmaciones que debieron ser calificadas por los encuestados según la valoración que hizo cada uno.

Un ponderado ordenó las opiniones desde una estimación Muy Alta, que se tradujo en un valor de 2, una Alta con valor de 1, una Media con valor 0, una Baja con valor -1 y una Muy Baja con valor -2.

Para la interpretación de las respuestas de la percepción  del encuestado, se traduce en un valor de 2 y se grafica con el color ; la , de valor 1, con ; la , de valor 0, con ; la , de valor -1, con , y la , de valor -2, con . Esta forma de ordenación para el posterior análisis de las respuestas se siguió en los tres ámbitos de la estructura de la matriz DAFO-encuesta Delphi.

En la primera parte de la encuesta, en general y sin distinguir en principio, ningún tipo de conflicto, los expertos fueron consultados sobre: conflictividad social, predisposición social al litigio, cultura del operador litigante, regulación del ingreso y permanencia de operadores del sistema, independencia de los restantes poderes políticos, regulación, del sistema de matriculación del abogado, nivel de formación académico, nivel de las habilidades prácticas de litigación, sistema de gestión judicial, sistema de medición e indicadores de gestión judicial, dotación judicial de recursos humanos, dotación de recursos materiales, dotación de recursos económicos, modernización tecnológica judicial, transparencia e información pública judicial, sistemas de información judicial a los sujetos en conflicto, confianza social en la justicia, vigencia de las garantías judiciales, plazos judiciales, garantías judiciales especiales para personas vulnerables y acceso a la justicia.

RESULTADOS DEBILIDADES

En la segunda parte de la encuesta, para calificar las amenazas al acceso democrático a la justicia local, se expuso una serie de catorce barreras, a partir de algunas tipologías descriptas para la región, con reformulaciones para ajustarlas a las materias y problemáticas locales.

Con esto se buscó posibilitar que el experto expresara su calificación sobre cómo incide respecto al tema de investigación. En este sentido, en la encuesta se preguntó sobre escollos institucionales, culturales, estructurales, infraestructurales, corporativos, sociales, étnicos, de selectividad social, económicos, funcionales, geográficos, organizacionales, de corrupción y éticos.

Con este segundo momento de análisis se pretendió que el experto expusiera y jerarquizara las causas que, entiende, atentan contra la mejora democrática del sistema de administración de justicia del Estado. En esta etapa se dio lugar a una vinculación más activa del encuestado, que se abre desde la reflexión sobre las cuestiones que repercuten u obstruyen el statu quo del sistema, caracterizado a grandes rasgos en el primer bloque de preguntas, y amenazan la respuesta social de este ante las debilidades o impiden desplegar instrumentos de mejora.

RESULTADOS AMENAZAS

En la tercera parte del cuestionario se trabajó específicamente sobre los tres sectores conflictuales —de intereses públicos, penales y privados— con preguntas diferenciadas.

Se invitó al experto a opinar sobre las instituciones jurídicas democratizadoras ya instrumentadas (Fortalezas) o que podrían implementarse (Oportunidades) en el sistema de administración de justicia de la provincia, para lo cual la categorización tripartita de especialización del conflicto (con invitación a expertos pertinentes al tema) y la división de grupos por “cuotas” de pertenencia resultó crucial. En otras palabras, en muchos casos, las respuestas institucionales del sistema para democratizar el sistema de conflictos de interés público, penal o civil no son iguales ni equivalentes.

También se incorporaron instituciones que la bibliografía y la legislación comparada mostraban como experiencias exitosas o soluciones recomendables para abordar las debilidades y amenazas antes caracterizadas.

En este tercer ítem se encontró una dinámica propositiva y dialógica del entrevistado.

Se le propuso opinar sobre diferentes estrategias utilizadas localmente (Fortalezas) o en otros sistemas equivalentes, incluso, sugeridas por estudios sobre los sistemas procesales y la justicia (Oportunidades).

En este último caso, los instrumentos que se le sugirieron a cada experto en los cuestionarios fueron seleccionados entre los de mayor pertinencia que se hallaron en el trabajo de gabinete que precedió a la formulación de la encuesta. La idea motora siempre fue encontrar instrumentos democratizadores como respuesta a las debilidades y amenazas del sistema de administración de justicia local, pero que obedecieran a patrones del concepto de “trasplante responsable”: culturalmente asimilable, jurídicamente viable y de evidente factibilidad práctica.

Las temáticas consultadas en materia penal fueron: juicio por jurados populares, querellante colectivo, normas procesales activas de composición de intereses, procesos públicos de ingreso de operadores judiciales, procesos de matriculación del abogado, sistema de control del desempeño judicial, ética en el desempeño judicial, sistemas de perfeccionamiento judicial, sistema de perfeccionamiento profesional, sistema de planificación judicial, proyecto de gestión de calidad judicial, sistemas de gestión de otros organismos judiciales, implementación de indicadores de desempeño judicial, autarquía presupuestaria judicial, digitalización de trámites judiciales, recursos científicos forenses, gestión de audiencias judiciales, información judicial web, sistemas de información judicial a los sujetos en conflicto, proceso penal vigente, oralidad procesal plena, descentralización geográfica judicial, personas vulnerables, mecanismos de acceso a justicia igualitario, acceso a justicia de género, acceso a justicia indígena, eficacia del sistema ante delincuencia compleja, solución alternativa de conflictos punibles, publicidad de audiencias de juicio, transparencia y periodicidad de información policial, transparencia y periodicidad de información de la Fiscalía, transparencia y periodicidad de información judicial, transparencia y periodicidad de información de la defensa y asesoría pública y garantías y finalidad de la ejecución de penas.

Las temáticas abordadas en materia de interés público fueron: amigos del tribunal, audiencias públicas judiciales, transacción judicial de intereses públicos, procesos públicos de ingreso de operadores judiciales, procesos de matriculación del abogado, sistema de control del desempeño judicial, ética en el desempeño judicial, sistemas de capacitación judicial, sistema de perfeccionamiento judicial,profesionalización de la docencia legal, sistema de planificación judicial, proyecto de gestión de calidad judicial, sistemas de gestión de otros organismos judiciales, decisiones organizacionales del régimen judicial, implementación de indicadores de desempeño judicial, autarquía presupuestaria judicial, digitalización de trámites judiciales, información judicial web, sistemas de información judicial a los sujetos en conflicto, juicio por jurados populares, comisionado legislativo de la provincia, procesos colectivos, oralidad procesal, personas vulnerables, mecanismos de acceso a justicia igualitario, acceso a justicia de género y acceso a justicia indígena.

Las temáticas en materia de derecho privado fueron: registro de procesos colectivos, medios alternativos de solución de conflictos, formas procesales activas de composición de intereses, procesos públicos de ingreso de operadores judiciales, procesos de matriculación del abogado, sistema de control del desempeño judicial, ética en el desempeño judicial, sistemas de capacitación judicial, sistema de perfeccionamiento profesional, sistema de planificación judicial, proyecto de gestión de calidad judicial, sistemas de gestión de otros organismos judiciales, implementación de indicadores de desempeño judicial, autarquía presupuestaria judicial, digitalización de trámites judiciales, información judicial web, sistemas de información judicial a los sujetos en conflicto, oralidad procesal, descentralización geográfica judicial, justicia de pequeñas causas, personas vulnerables, mecanismos de acceso a justicia igualitario, acceso a justicia de género y acceso a justicia indígena.

RESULTADOS FORTALEZAS

Equipo de Investigación

 Director: MsC. Juan Sebastián LLoret (Investigador Categoría A) 

Asesores Externos - Profesores Extraordinarios Dr. Martín Böhmer (Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) Dr. Héctor Mario Chayer (Coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) Dr. Gonzalo Segundo Rúa (Juez Penal y Experto en Reformas a los sistemas procesales penales y Capacitador del C.E.J.A.) 

Asesor Externo – Consultor Metodológico 

Lic. Víctor F. Toledo (Investigador y Miembro del Consejo de Investigaciones de la U.Ca.Sal.) 

Auxiliar de Investigación

 Abg. Milagro Herrera 

Alumnos de Apoyo a la Investigación 

Araceli Soriano, Antonella Berzero, Romina Innamorato, Facundo Sánchez Marcos Rubinovich

Publicación:

Lloret, Juan Sebastián; Aporte Metodológico para un Diagnóstico del Sector Justicia: La Percepción Local Experta de su Democratización; NOVUM JUS, Volumen 14 No. 1, Enero - Junio 2020, Págs. 41-74, ISSN: 1692-6013, E-ISSN: 2500-8692: https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/2657/3046