El debate actual sobre el papel de la educación superior en la sociedad se centra en la necesidad de atender las demandas de formación profesional exigidas tanto desde el sector privado, como del sector público y la sociedad civil.

La Universidad Católica de Salta no es ajena a esta demanda, es por ello que el Plan estratégico 2016-2020 tiende a completar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, con miras a la excelencia académica, que al mismo tiempo de respuestas a las necesidades tanto del ámbito provincial, regional, nacional e internacional.

En este sentido, la situación sociopolítica y económica intensificó diversas contradicciones sociales que impactan directamente en el trabajo profesional
cotidiano, resultando insuficiente lo impartido en el nivel de grado. Esto plantea la necesidad de acompañar a graduados a la luz de las situaciones socioeconómicas imperantes, enfatizando la influencia del contexto en las comunidades.

Tal situación socioeconómica, junto a la dificultad para acceder a derechos básicos como salud y educación, incrementaron las desigualdades sociales,
generando aún más tensión frente a una supuesta homogenización cultural en contextos crecientemente interculturales.

La formación y orientación de ciudadanos no implica –solamente- la incorporación de contenidos curriculares, sino que debe apuntar a una tarea más profunda que le permita dar respuestas adecuadas en ámbitos que cada vez demandan más profesionales en el área social.

Es indispensable considerar el rol que los profesionales tienen frente a una sociedad signada por permanentes cambios, como los avances tecnológicos y la cambiante estructura etaria e intercultural de los pueblos.

En Argentina, la preocupación por la responsabilidad social como parte inherente a los procesos formación se advierte incluso en las múltiples referencias existentes en códigos de ética profesional a nivel nacional y regional. Como muchos otros conceptos que hacen a una práctica profesional ética, la responsabilidad social se relaciona directamente con el respeto y la dignidad de personas y pueblos, ya que toda práctica profesional debe sustentarse, en primer lugar, en el ineludible respeto por los derechos humanos.

Promover la consideración de aspectos socioeconómicos en la tarea de formación –tanto de grado como de posgrado- propende a evitar los circuitos de exclusión social, colabora en el procesamiento del impacto del progreso científicotecnológico de modo tal que no genere aún mayor desigualdad, y propicia la  reconstrucción de aquellos entramados sociales dañados por las distintas formas que adquiere la inequidad. Esta tarea de reconstrucción aportará al desarrollo de individuos más autónomos y capaces de advertir tensiones, y posibles soluciones, entre sus propios valores y los de una sociedad que no siempre los considera como parte de sí.

El ámbito social es considerado el espacio propicio para observar cómo se construyen y definen los problemas sociales y se ensayan respuestas desde el Estado, las instituciones, las organizaciones sociales y políticas, desde un enfoque que presta especial atención a las continuidades y vinculaciones que se dan en la historia de las ideas y las acciones de los grupos sociales en nuestro continente, en clave de reconocer una matriz de pensamiento propia en torno de la definición de las problemáticas sociales. Actualmente, éstas desbordan la actividad de profesionales y equipos que se encuentran desarrollando prácticas en territorio, quienes ven obstaculizada y reducida su tarea.

Esta maestría hace su aporte integrando análisis crítico en torno de la estructura social, la desigualdad, los problemas de integración, la agenda pública, la política, los actores; identificando cómo en el escenario de intervención se construyen discursos, prácticas y sentidos que reproducen, refuerzan o transforman el orden social. Se parte de considerar que tales análisis deben ser útiles para repensar las prácticas, comprender los problemas e intervenir sobre ellos, desde marcos explicativos abarcadores de la totalidad, pero fuertemente situados en la realidad concreta del tiempo y el espacio en que dichos problemas se manifiestan.

En este sentido, el Plan Estratégico 2016-2020 de la Universidad Católica de Salta cuenta con dos ejes estratégicos esenciales que justificarían la formación de profesionales comprometidos con la sociedad: la investigación y la extensión. Para lograrlo la Universidad se propuso: “Contribuir mediante los aportes de la investigación, docencia y actividades a la calidad de vida de la población, contribuyendo con cada disciplina en diversas áreas de la sociedad” (p.19) 

Toda Carrera de Posgrado tiene como fin último aportar a la formación y desempeño de profesionales, actualizando los contenidos curriculares que ofrece cada unidad académica en su curricula de grado. En este caso, se busca formar en problemáticas complejas que requieren multi-referencialidad teórica y metodológica, conformando equipos implicados en los contextos sociales locales.

Una Carrera de posgrado contribuye a la formación que acontece en una incesante movilización subjetiva y social enfatizando la exigencia de una
actualización y profundización de marcos conceptuales e interpretativos tanto en términos de acción entre diferentes agentes sociales como en la consideración de  los marcos de actuación donde se plantean límites, restricciones, resistencias y nuevas estrategias. Y, desde esta perspectiva implica al desempeño creativo y que posibilite aportes pertinentes a políticas públicas en una construcción democrática.

La MIISC está basada en dos pilares fundamentales: la intervención y la investigación, que permitirán al estudiante articular la práctica de la intervención psicosocial y profesional e iniciarse en la carrera investigadora.

La MIISC profundiza en los contenidos, las capacidades y las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos y las herramientas psicosociales que permiten aumentar la calidad de vida y el bienestar social de las personas, los grupos y las comunidades en los diferentes ámbitos de desarrollo (comunitario, educacional, forense, entre otros), y mejorar la relación de las personas con sus contextos y el sistema social de referencia. Esta formación especializada conduce también a promover dinámicas de cambio social en el marco de los sistemas del bienestar social y judicial propios de los estados y las sociedades democráticas.